Los pueblos indígenas del mundo están siendo víctimas de la "criminalización" por parte de los grandes hacendados que aplican "políticas extractivistas", alertó este jueves el líder del pueblo zenú de Colombia y miembro del Foro Permanente para las Cuestiones de los Pueblos Indígenas de la ONU, Darío Mejía.

Mejía, que participa en el Foro sobre el Cambio Climático en Montería, culpó de las crecientes acusaciones contra los pueblos indígenas a las "políticas extractivistas en los territorios".

Explicó que "la criminalización se presenta de distintas formas, con encarcelamientos, con estigmatización, con señalamientos o en el caso colombiano con el asesinato, ya sea individual o colectivamente".

Objetivo: dieszmar la fuerza de los pueblos 

El objetivo de esta violencia, para el portavoz, es eliminar tanto a los dirigentes como a la población civil de las comunidades indígenas y diezmar la capacidad de movilización de sus pueblos, no solo de Colombia sino también a nivel global.

Los que impulsan este fenómeno son personas "de la clase dominante o hacendados con proyectos extractivistas", pero a quienes no se puede reconocer ni señalar porque no están bajo ningún foco y trabajan a "través de estructuras paralelas al Estado o con la connivencia de la fuerza pública".

El activista también argumentó que cuando a los pueblos indígenas "no se les puede exterminar físicamente, se los somete", y dijo que la violencia se utiliza como una forma de "disuasión y de conquista" frente a los proyectos "extractivistas de los territorios".

Mejía también puso el foco en el anuncio del presidente colombiano, Iván Duque, de enviar 2.500 soldados al departamento del Cauca y aseveró que la militarización "venga de donde venga" tiene el mismo propósito: "el control territorial y de la población".

Destacó que "uno no puede combatir el fuego con la gasolina", porque "finalmente, el propósito de unos y los otros es el mismo".

El Cauca está envuelto en una oleada de violencia contra los indígenas que la semana pasada se cobró la vida de siete de ellos y de otras seis personas, crímenes atribuidos por el Ministerio de Defensa a disidentes de la disuelta guerrilla de las FARC.

"Una política disimulada"

El líder zenú también cargó contra la "política disimulada" del presidente Duque, por promover un tipo de discurso favorable con las etnias indígenas pero "después tomar decisiones como la militarización de los territorios indígenas cuando hay una crisis humanitaria".

Aunque reconoció que el Estado colombiano avanzó en los últimos tiempos en el reconocimiento de la diversidad de estas comunidades, indicó que se está en un momento de transición donde se tienen que afianzar las políticas públicas de apoyo a estas poblaciones.

Mejía, que también forma parte de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), coorganizadora del foro junto al Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), lamentó que, aunque el derecho colombiano reconoce a las poblaciones indígenas, "no se ha pasado a los hechos".

Sensibilidad hacia sus comunidades 

Aun así, el activista argumentó que "no todas las personas del Gobierno quieren acabar con sus derechos", pero las que tienen sensibilidad por estas comunidades no están en el centro de decisiones del poder.

Además, Mejía enfatizó que la causa de la violencia en regiones de Colombia como el Cauca es "la pobreza, el incumplimiento de la implementación del acuerdo de paz y la falta de diálogo político y social".

En este sentido, lamentó la "falta de soluciones estructurales a los problemas de educación, de vivienda, de acceso a servicios básicos", y advirtió de que "si estas alternativas no se presentan de manera integral por el Estado, las regiones como el Cauca seguirán siendo un caldo de cultivo para la violencia y la llegada del narcotráfico".

EFE